Las notificaciones electrónicas en la justicia argentina.

Autor: Pelayo Ariel Labrada
Ex juez en lo civil y comercial de Pergamino (Pcia. Bs. As.)

Durante más de ocho años, se han realizado intentos en diversos lugares de la República Argentina, para hacer notificaciones por correo electrónico, pero todos fracasaron porque dependían de la adhesión voluntaria de los abogados.

El principal escollo era que los letrados estaban acostumbrados a leer el proveído en el expediente o en internet y, al no quedar legalmente notificado, esperaba que llegara la cédula a su estudio, cosa que se concretaba unos quince días después, tiempo que destinaban a la mera comodidad o a dilatar intencionalmente el proceso.

Si bien pocos estaban dispuestos a perder ese “recurso”, ahora esa corruptela corre el peligro de ir desapareciendo, por una novedad que se ha generado en la provincia de Mendoza (a 1000 km al oeste de Buenos Aires), y que ha causado gran impacto:

Desde el 1º de junio del año 2007, todas las notificaciones destinadas al domicilio procesal, en el fuero laboral de esa región, se están haciendo por coreo electrónico. Solo se exceptúa de esta regla las que van acompañadas de copias, que se continúan haciendo por la tradicional cédula-papel.

El sistema

Cada vez que surge una providencia que deba notificarse en el domicilio constituido, un funcionario escribano actuario de las cámaras laborales (1), que cuenta con firma digital, la “corta” y “pega” en un formulario electrónico que lleva el logo del Poder Judicial, y tiene formato legal para imprimir.

Esas dos últimas características se introdujeron a pedido de los letrados, previendo los casos en que sintieran la necesidad de exhibírselas a sus clientes.

El documento electrónico se envía a un servidor propiedad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que está dedicado exclusivamente para esa función. Automáticamente se emite un acuse de recibo, con lo que se acredita que el texto incorporado ha quedado a disposición del destinatario.

En el mencionado servidor, cada abogado cuenta con una casilla de correo, a la que puede acceder con su clave, cualquier día y hora.

La clave es otorgada por la corte provincial y –para hacerlo más práctico- coincide con el número de la matrícula de cada uno. Los letrados que desean resguardar su privacidad, pueden proponer un agregado.

La notificación

Se considera legalmente notificado al destinatario, el día siguiente de la entrada del documento al servidor. Esto agiliza notablemente el trámite del expediente.

Los cálculos que se hicieron en Mendoza, determinaron que un tercio del tiempo total del proceso se insumía en las notificaciones por la vía tradicional. No cabe duda de que esto es un gran avance hacia la tan ansiada celeridad.

La seguridad

Se han tomado abundantes medidas de seguridad, con intervención de la ONTI (Oficina Nacional de Tecnología Informática) y de ACERT, organismo que se encarga de la seguridad de los sistemas informáticos pertenecientes al Estado Nacional.

El servidor que se utiliza es privado, cerrado, que pertenece a un organismo público, diferente al de la página web del Poder Judicial.

Es “espejado”, o sea dos vínculos alternativos, con dos servidores diferentes, para el caso de pérdida o ruptura. Los letrados que tienen claves para entrar en él, solo pueden ver y copiar. No está habilitados para modificar los textos ni agregar nuevos.

Los registros de fecha, hora y contenido de lo ingresado al servidor, se conservan por tiempo indeterminado.

Para el caso de caída del sistema, se genera un aviso automático y queda registrado el tiempo que ha estado fuera de servicio. Esto garantiza a los letrados de que solo se computará como plazo corrido el que parta desde el momento en que, efectivamente, haya podido tener acceso al texto.

Las disposiciones legales

La ley provincial 7195 modificó el art. 34 del Código Procesal Laboral, y dispuso: “Se practicará por vía de correo electrónico, fax o cualquier otro método que en el futuro se implemente para los casos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Provincia mediante acordada, dejándose constancia impresa en el expediente del envío de la notificación, realizada por el tribunal con indicación de fecha y hora, la que sustituirá toda otra forma de notificación al domicilio legal. Hasta tanto se disponga la obligatoriedad de esta forma de notificación, las partes voluntariamente podrán consentir la misma, a cuyo efecto deberán denunciar su domicilio electrónico”.

Si bien esta ley fue sancionada en el año 2004, recién se ha aplicado con plenitud en el 2007, porque los entusiastas de la novedad debieron vencer muchas resistencias, planteos de inconstitucionalidad y hasta el veto del Poder Ejecutivo.

La historia

En el año 2000, la Cámara Laboral 3ª de la ciudad de Mendoza inició una experiencia piloto que desarrolló durante varios años y sirvió de base para lo que se ha hecho después.

Una vez sancionada la ley (año 2004), nada se ha realizado precipitadamente. La Suprema Corte de Justicia de esa provincia hizo un cronograma que comenzó en noviembre del 2005 con la presentación de la novedad, llamado a los abogados para que se inscribieran voluntariamente, y capacitación de los encargados de manejar el sistema.

El primero de diciembre de 2006 se puso en marcha en todas las cámaras laborales, con los abogados que se adhirieron voluntariamente, a la vez que se hicieron evaluaciones y correcciones.

Finalmente, se dispuso en forma obligatoria desde el primero de junio de 2007.

Los resultados

La jueza Inés Rauek de Yanzón, entusiasta propulsora de la eficiencia del servicio de justicia, ha sintetizado los resultados que están comprobando desde su tribunal: (2)

•  Más volúmenes de trabajo en menos tiempo.

•  Desapareció el problema de los sucesivos cambios de domicilio de los profesionales.

•  Desapareció el problema de ausencia de fecha de notificación, de raspaduras o enmendaduras.

•  En los expedientes de la prueba no hubo necesidad de usar el decreto: “Agregada la cédula, vuelva y se proveerá”.

•  Se facilita la reconstrucción del expediente en caso de pérdida.

•  Disminuye el trabajo en mesa de entrada, respecto a las listas de envío y recepción de cédulas.

Pero lo más importante, es lo que hemos anticipado en párrafos precedentes. El tiempo total que dura cada proceso ha quedado reducido en un tercio. Por ejemplo, el juicio que insumía nueve meses, ahora se hace en seis. Difícilmente se pueda lograr un avance de similar magnitud ajustando otros resortes.

Y, como si esto fuera poco, también tenemos un sensible ahorro económico. Según los cálculos de un experto (3), el costo del diligenciamiento de una cédula por la vía tradicional oscila entre doce ($12) y diecisiete ($17) pesos. La variación depende del sitio donde se realice. (4) Ese mismo acto procesal, a través del correo electrónico, con firma digital, costaría setenta centavos ($0,70). (5)

Pelayo Ariel Labrada

ariellabrada@arnet.com.ar

Rosario, junio de 2007

 

1- En Mendoza, se denomina “cámara laboral” a tribunales colegiados de instancia única.

2- Rauek de Yanzón, Inés Beatriz, “Acerca de la nulidad de las notificaciones electrónicas”, Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, I-2007, pág. 53.

3- Abel Pedro Otonelo, subsecretario de informaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, Mendoza, 2006.

4- Cifras obtenidas al sumar el costo operativo total: sueldos, infraestructura (luz, gas, teléfono), movilidad de los notificadores, etc.

5- Cifra que surge de la infraestructura: servidor de firma digital, dispositivos de seguridad para certificados digitales, sueldo de los técnicos necesarios para la operación de la infraestructura, y servidor de correo electrónico.

 

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